El objetivo del proyecto es el de implementar el cumplimiento de normas legales plenamente vigentes en Argentina en materia de transparencia en el ejercicio de los cargos públicos (Ley 24.759, Convención Interamericana Contra la Corrupción). En realidad este proyecto es un recordatorio de la obligación de los funcionarios públicos electorales de exigir que los candidatos y sus familiares más próximos acrediten mediante declaración jurada cuál ha sido su evolución patrimonial desde la fecha de su primera designación como funcionarios públicos y, al mismo tiempo, se constate que no hayan incurrido en delitos de negociaciones incompatibles o en el de enriquecimiento ilegítimo.
El fundamento de este proyecto parte de un dato de la realidad y es que la exigencia de declaraciones juradas de patrimonios, no sirven de nada. Que los enriquecimientos ilegítimos normalmente son encubiertos a través de testaferros, familiares o paraísos fiscales. El exigir al ciudadano que se presente a una elección popular que acredite “cuál ha sido la evolución de su patrimonio desde que ocupó el primer cargo público” es un test de transparencia y de honestidad que tiene realismo.
Por estos motivos comuniqué del proyecto, mediante carta documento, al señor Ministro del Interior de la Nación y a los señores Gobernador e Intendente de mi provincia de Córdoba.
Este proyecto está en línea con la ley penal anticorrupción de mi autoría y con la modificación del Código Procesal Penal (del cual soy coautor).
Para consultar los textos completos de los proyectos:
Ley penal anticorrupción: http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1331-D-2009
Ley de Evolución Patrimonial: http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=7930-D-2010
