Oficialismo y oposición avanzaron ayer, en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, en un dictamen que dispone elevar las penas de prisión a aquellos funcionarios públicos que se involucren en hechos de corrupción, al tiempo que propone sancionar con fuertes multas a aquellas empresas privadas que participen en esos hechos ilícitos.