Incorporan la figura del “arrepentido” para dar combate a la corrupción
21/06/10
El menemismo se negó a hacerlo en los 90. El dictamen único irá al recinto en julio.
El proyecto de ley para elevar las penas por delitos de corrupción, listo para tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados, incluye la figura del “arrepentido”, resistida por el gobierno menemista en los 90, cuando dispuso incorporarla sólo para casos de narcotráfico.
El dictamen único firmado la semana pasada en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia también contempla la posibilidad de decomisar bienes sin esperar una sentencia firme. Ambas cuestiones generan un fuerte debate, más allá del inusual consenso entre oposición y oficialismo. Y hubo acuerdo para tratarlo en julio junto al proyecto del Ejecutivo para endurecer las sanciones por evasión fiscal, en otro hecho inédito en esta etapa de confrontación en el Congreso.
La llamada ley anticorrupción fue consensuada entre Juan Carlos Vega -autor de la iniciativa, de la Coalición Cívica-, el radical Ricardo Gil Lavedra y el oficialista Alejandro Rossi, entre otros. Y propone modificar 18 artículos del Código Penal para agravar las penas a los funcionarios que cometan delitos contra la administración pública: de 2 a 8 años de prisión, con agravantes que irán de 4 a 12 años, por lo que en esos casos el delito no será excarcelable. Para los jueces, se contemplan penas de hasta 15 años. Y procura sancionar también a las empresas privadas, penal y económicamente, hasta el 20% de su facturación anual.
Una discusión aparte genera la figura del arrepentido, para intentar superar las dificultades de reunir pruebas: proponen reducirle la pena a cambio de “colaboración eficaz” y con la condición de que denuncie un delito mayor al que cometió. “Despierta debates éticos porque en el fondo se trata del ‘viejo buchón’. Yo no tengo ningún reparo: aleluya si el objetivo es desmontar una red de mentiras tejidas en el calor del poder económico y político”, argumentó Vega. La oficialista Diana Conti expresó su apoyo, aunque aclaró que al artículo “hay que precisarlo más”.
Laura Alonso, del PRO, también se pronunció a favor. “La figura del ‘colaborador eficaz’ es central para incentivar las denuncias y las nuevas investigaciones. Fue fundamental para desentrañar las redes de corrupción del régimen de Fujimori”. El escándalo conocido como “mani pulite”, en Italia, también tomó impulso por el testimonio de arrepentidos, en 1992.
Margarita Stolbizer, líder del GEN, rechazó la inclusión de esa figura y la iniciativa en general, aunque su bloque no presentó un dictamen alternativo. “La legislación penal no puede ser objeto de retoques espasmódicos y en ningún caso el aumento de penas sirve como disuasorio de la comisión de delitos”, argumentó.
El decomiso de bienes antes de la sentencia firme, establecido para los casos en que se comprobara su origen ilícito, también generó opiniones contrapuestas. Gil Lavedra, de la UCR, apoyó el proyecto con disidencias en este punto y también en el endurecimiento de las penas.
